Secretario del Interior cree que podría haber libre asociación con EE.UU. y ciudadanía por nacimiento
Doug Burgum respondió a preguntas del comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, sobre el tema en una audiencia en el Congreso
El secretario del Interior, Doug Burgum. Crédito: Alex Brandon | AP
Nueva York – El secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI), Doug Burgum, no descartó que los nacionales de un país en un tratado de libre asociación con Estados Unidos puedan tener derecho a la ciudadanía por nacimiento como la que aplica a los puertorriqueños.
El funcionario, sin embargo, argumentó que esa posibilidad se tendría que evaluar caso a caso.
Las expresiones de Burgum se dieron a preguntas del comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández Rivera, en una audiencia este jueves para evaluar el presupuesto que se le asignará a la agencia encargada de gestionar tierras, minerales y otros recursos naturales públicos de EE.UU., incluyendo parques nacionales y refugios de vida silvestre.
Previo a las preguntas, Hernández Rivera planteó en su turno que entendía que EE.UU. debía seguir con sus compromisos y obligaciones, ya sea que estos estén “fundamentados en ley y mutuo consentimiento” bajo la relación de Estado Libre Asociado que aplica a Puerto Rico o en obligaciones mediante tratados como en los casos de libre asociación.
El gobierno de Puerto Rico opera desde el 1952 bajo el Estado Libre Asociado o ELA, un sistema con cierta autonomía, pero sometido a los poderes plenarios del Congreso.
El comisionado residente argumentó que, a la luz de la discusión del presupuesto y las asignaciones a territorios y bajo acuerdos de libre asociación, le interesaba saber cómo el gobierno federal asume sus responsabilidades con estas jurisdicciones.
En ese sentido, resaltó el papel central que juega el Departamento en la implementación de los acuerdos.
Hernández Rivera procedió a preguntar si, desde el punto de vista del Departamento, los estados con libre asociación son naciones soberanas e independientes.
Burgum respondió: “Sí, por eso es que se les llama libremente asociados. Pero, claro, nosotros tenemos una relación fuerte y tenemos compromiso en trabajar con ellos”.
A preguntas sobre si la agencia estaría abierta a explorar, como parte de futuros pactos de libre asociación, extender la ciudadanía por nacimiento a la gente de esas jurisdicciones como ocurre actualmente en Puerto Rico.
“Yo creo que eso se vería caso a caso. No puedo hacer una generalización amplia, pero ciertamente tenemos un interés en desarrollar una relación tan fuerte como podamos con los estados bajo libre asociación”, contestó el secretario del DOI.
“Entonces usted no rechazaría la posibilidad de que en el futuro un estado con libre asociación pueda tener residentes con ciudadanía por nacimiento”, continuó el congresista.
“Yo no rechazaría eso personalmente, pero yo no puedo hablar por toda la istración (Trump)”, replicó.
“¿Esto es algo que usted ha discutido en el contexto de Groenlandia?”, indagó Hernández Rivera en referencia a las intenciones del presidente Donald Trump de anexar a EE.UU. a esa isla, la más grande del mundo.
“No he tenido ninguna discusión sobre eso de ciudadanía por nacimiento en Groenlandia”, respondió Burgum.
El funcionario argumentó que las discusiones públicas apuntan a que si Groenlandia decidiera formar parte de EE.UU., el paso previo a convertirse en territorio en algún momento sería comenzar como un estado libremente asociado. “Ese es un marco existente que se ha mencionado. Pero no he participado en ninguna discusión de alto nivel sobre la implementación de esa idea”, puntualizó.
En un comunicado de prensa sobre la audiencia, Hernández Rivera concluyó que el secretario del Interior estaba abierto a dialogar con los territorios para ampliar su autogobierno en unión con EE.UU. basado en el consentimiento mutuo. “El secretario reafirmó que la libre asociación es un estatus de independencia, pero indicó que, a título personal, no descarta la posibilidad de ciudadanía estadounidense para países independientes bajo tratados de libre asociación”, consideró.
El presupuesto del Departamento del Interior se divide para países con tratados de libre asociación, así como para el resto de los cuatro territorios bajo su jurisdicción.
En el 1961, durante la presidencia de John F. Kennedy, Puerto Rico fue removido de la jurisdicción del Departamento debido a la relación bajo el ELA.
“Estas preguntas son pertinentes porque la vista trataba sobre el presupuesto del Departamento del Interior, que atiende los asuntos de libre asociación y los territorios. Aunque mantengo mi posición de que el estatus no será mi prioridad en el Congreso, no puedo pasar por alto que esto fija un buen precedente para conversaciones futuras sobre el Estado Libre Asociado”, puntualizó Hernández Rivera también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en la isla.
El comisionado ha sido enfático en que no centrará sus esfuerzos en Washington D.C. en atender y promover la discusión del tema del estatus, en parte por las distintas visiones dentro de PPD en torno a una definición actualizada del ELA.
Sin entrar en detalles, Hernández Rivera ha mencionado que trabaja en la definición 2.0 del ELA, que ha descrito como un nuevo pacto con mayor autonomía para el desarrollo económico, mayor participación en la toma de decisiones del gobierno federal y paridad en programas federales. En una columna en el 2022, el líder popular lo resumió como las “cuatro P”: pacto, poderes, participación y paridad.
Pero antes de eso, según señala el estadolibrista en el escrito, hace falta “rescatar el gobierno propio” y tomar medidas para acabar con la ley PROMESA (Ley para la Supervisión, istración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) que impuso la Junta de Control Fiscal (FOMB). También se requeriría tomar “medidas para prevenir una segunda crisis fiscal”.
No se vislumbra que en este Congreso la discusión del estatus político de Puerto Rico avance con legislación presentada a esos fines.
Lo anterior se debe principalmente a la poca inclinación de los republicanos, mayoría en Cámara y Senado, de abordar al tema.
Las iniciativas legislativas para atender el dilema territorial en Puerto Rico en los pasados años han sido presentadas por demócratas. El mayor avance se dio en el 2022 cuando, a poco para el cierre de la sesión, los de esa colectividad, encabezados por la representante de Nueva York, Nydia Velázquez, aprobaron al H.R. 8393 o “Puerto Rico Status Act” para realizar un plebiscito con aval del Congreso entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación. La entonces comisionada residente y hoy gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, se unió a Velázquez para desarrollar la medida de consenso. Las posteriores versiones del 8393 ni siquiera han llegado a ser evaluadas en comités.
del PPD se han pronunciado en contra de las consultas propuestas a nivel federal porque excluyen al ELA como opción. Los proponentes de los proyectos sostienen que se trata de una alternativa territorial que no se ajusta al derecho internacional, y por lo tanto es parte del problema.
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