Freno en fondos BEAD para atender brecha digital implicaría una pérdida de $334 millones para Puerto Rico
El nuevo aviso de la NTIA señala que la entidad rescinde de la aprobación de todas las actividades no relacionadas con despliegue
Trabajadores de instalación de fibra óptica en el estado de Washington. Crédito: Ted S. Warren | AP
Nueva York – Las nuevas reglas emitidas por la istración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) implicarán la pérdida de $334 millones en fondos federales para subsidios para banda ancha o conexión a internet de alta velocidad en Puerto Rico.
Un reporte de El Nuevo Día esta semana apunta a que el territorio dejaría de tener a las partidas federales con las que, entre otras cosas, se soterra fibra óptica para mejorar la confiabilidad de la red y se educa a personas en la industria de las telecomunicaciones.
Los fondos habían sido asignados bajo el programa Equidad, e Implementación de Banda Ancha (BEAD) que maneja la NTIA, dependencia que forma parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC).
Los de la NTIA asesoran al presidente en asuntos de política de telecomunicaciones e información.
La entidad busca garantizar servicio de internet de alta velocidad asequible y confiable para EE.UU. y sus jurisdicciones, así como incentivar “nuevos e innovadores” usos de las ondas de radio inalámbricas estadounidenses.
“Hoy anunciamos con orgullo una nueva dirección para el programa BEAD, que brindará a internet de alta velocidad de forma eficiente, tecnológicamente neutral y a un precio justo”, declaró el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick en un comunicado. “El presidente (Donald) Trump prometió acabar con el gasto innecesario y, gracias a su liderazgo, el pueblo estadounidense se beneficiará de esta oferta, con conectividad disponible en todo el país a una fracción del costo del programa original”, alegó el funcionario al anunciar la reestructuración del programa.
El Aviso de Política divulgado por NTIA señala que la entidad rescinde de la aprobación de todas las actividades no relacionadas con despliegue (de infraestructura de telecomunicaciones) aprobadas en las propuestas iniciales.
Los proyectos que se manejan bajo BEAD incluyen despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y otras actividades autorizadas.
BEAD busca expandir el a internet de alta velocidad en comunidades desatendidas, particularmente en zonas rurales. El fin principal es reducir la brecha digital mediante la financiación de programas.
A esos fines, proporciona unos $42,450 millones en fondos a través de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA), mejor conocida como la Ley Bipartidista de Infraestructura que fue aprobada por la istración Biden.
Los fondos BEAD aplican a estados, territorios como Puerto Rico y el Distrito de Columbia.
En el caso de Puerto Rico, se habían aprobado fondos para actividades de no despliegue o “non-deployment”. Sin embargo, con las nuevas reglas, los $334 millones para la isla están en riesgo, según confirmó al mencionado rotativo Wanda Pérez, directora de Asuntos Gubernamentales de Liberty Puerto Rico y quien presidía el año pasado Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT).
“En Puerto Rico, se escogieron actividades de non-deployment, como hacer un conducto (para los cables de fibra óptica), un programa de desarrollo de fuerza laboral, y un programa de dispositivos asequibles. Además, se iba a hacer un programa pequeño de educación”, precisó Pérez.
La notificación de la NTIA establece que la financiación para fines no relacionados con el despliegue (non-deployment) está en revisión y que publicarán directrices actualizadas en el futuro. Sin embargo, para la fecha del aviso, todos los usos no relacionados con el despliegue que habían sido aprobados previamente, como el desarrollo de la fuerza laboral, las iniciativas de alfabetización digital o la divulgación, ya no son reembolsables bajo el programa.
Las nuevas reglas además establecen una prioridad a las áreas con a internet inferior a 25/3 Mbps o con servicio insuficiente con de 100/20 Mbps, y la inclusión de áreas con de 100/20 Mbps que están en proceso de mejora.
El aviso ahora define un proyecto de banda ancha como prioritario en la medida en que brinda servicio a velocidades no inferiores a 100/20 Mbps con una latencia menor o igual a 100 milisegundos.
También impone un periodo de 90 días para quelos estados y territorios cumplan con el nuevo Aviso de oportunidad de financiación (NOFO), al tiempo que les exige al menos una ronda adicional de selección de sub-beneficiarios para que la opción de banda ancha sea menos costosa.
El cambio de política prácticamente obliga a las jurisdicciones a volver al punto de partida en sus planes para abordar la brecha digital.
El analista de políticas de New Street Research, Blair Levin, dijo, según citado por Fierce Network, que debido a que los fondos BEAD se están alejando de la fibra óptica hacia el inalámbrico fijo (FWA) y los satélites de órbita terrestre baja (LEO), “existe una clara posibilidad de que en muchos lugares las empresas de líneas fijas simplemente no presenten ofertas”.
En respuesta al Aviso de Política de NTIA, la istración de la gobernadora Jenniffer González planteó este jueves que el Programa de Banda Ancha de Puerto Rico continúa en un proceso activo de evaluación a nivel federal.
En un comunicado suscrito por la directora de la istración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, y el de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berrios, manifestaron que el programa se encuentra en una etapa de revisión conforme a los requisitos establecidos por el gobierno federal para asegurar el cumplimiento con los altos estándares de eficiencia y transparencia que busca la istración Trump.
“Nos mantenemos firmes en la defensa de los fondos asignados a Puerto Rico. La istración de la gobernadora Jenniffer González ha adoptado las acciones necesarias para garantizar un uso responsable y eficaz de estos recursos, alineado con los intereses del pueblo y la visión de desarrollo económico que promovemos”, expuso Boffelli.
El parte de prensa destaca que, en febrero de este año, González firmó una ejecutiva que reestructura el programa de banda ancha a nivel local con el fin de agilizar procesos, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar la ejecución efectiva de fondos públicos.
Mediante el decreto, se derogó otra orden del 2022, que, a juicio de la gobernadora, establecía “una estructura fragmentada y poco funcional”.
“La gobernadora tomó medidas correctivas para corregir deficiencias istrativas heredadas, poniendo orden donde había desorganización. Bajo esta nueva estructura, se le ha confiado a OGP la supervisión directa del programa y el manejo de los fondos asignados. Esta es una decisión acertada que responde a una visión clara de gobernanza sólida y resultados tangibles”, señaló el director ejecutivo de OGP.
Parte de la reestructuración implicó la eliminación del antiguo Consejo Asesor, ya que, según la istración, no logró avances concretos en el despliegue de infraestructura. De acuerdo con la gobernadora y su equipo, el enfoque ahora está en una istración ejecutiva eficiente orientada a objetivos claros y con mecanismos de supervisión directa.
“Estamos enfocados en llevar conectividad de calidad a los sectores más rezagados, sin burocracia innecesaria ni estructuras paralelas. Esta istración tiene como norte actuar con seriedad, responsabilidad y sentido de urgencia”, añadió Rivera Berríos.
