Redadas de ICE: boricuas se encadenan para evitar arresto de migrantes en espacio de construcción en San Juan
Unos 20 agentes migratorios con chalecos verdes rodearon la residencia de tres pisos, mientras los trabajadores salían corriendo
Trabajadores de construccioón en Auburn, Maine. Crédito: Robert F. Bukaty | AP
Nueva York – Los dueños de una propiedad en construcción en Puerto Rico y vecinos evitaron que agentes arrestaran a migrantes que trabajaban en el lugar, reportó El Nuevo Día.
Imágenes que circulan en redes muestran cómo un grupo de personas se ubica en cadena frente al área para evitar que los oficiales ingresen al espacio en la zona de Ocean Park, en San Juan.
El reclamo principal era que los agentes no contaban con orden judicial para inspeccionar el lugar ni realizar arrestos.
La protesta se realizó el martes, pero los empleados pudieron escapar, de acuerdo con el reporte del periódico.
Según una fuente que conversó con el rotativo, unos 20 agentes federales con chalecos verdes rodearon la residencia de tres pisos, mientras los trabajadores salían corriendo, algunos de estos hasta una playa cercana.
La persona agregó que es común que agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) recorran las calles de esa zona residencial para ver si detienen a indocumentados en espacios de construcción.
Aparte de este operativo, ICE realizó otro el lunes, reportó el medio. Oficiales habrían llegado a un edificio de construcción en la avenida Roosevelt, en Hato Rey. No hay información sobre si realizaron arrestos o no.
Aparentemente y de manera similar a lo que está ocurriendo en los estados, ICE continúa reforzando sus operativos en espacios de construcción en Puerto Rico como parte de la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump y las órdenes ejecutivas que declaran una emergencia migratoria nacional y refuerzan los recursos en esa dirección.
Como Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, los extranjeros que residen en la isla están sujetos a las leyes migratorias federales.
El 8 de mayo, oficiales de ICE, oficina adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y de otras agencias arrestaron a más de 50 inmigrantes en el hotel La Concha, en el sector del Condado, no muy lejos de Ocean Park. Los agentes no contaban con orden judicial y se llevaron a los detenidos para establecer si estaban ilegalmente en el país o no, y si cargaban con récord criminal.
Protesta convocada en Puerto Rico el sábado contra políticas antimigratorias
Para este sábado, organizaciones y activistas convocaron a una manifestación contra las medidas antimigratorias impuestas por Trump y su aplicación en Puerto Rico.
El “Frente Contra las Políticas Migratorias del Presidente Trump” es la entidad que encabeza el llamado para la movilización a La Fortaleza, residencia oficial de la gobernadora Jenniffer González Colón.
La protesta, bajo el lema “Puerto Rico es tierra de migrantes”, inicia a las 3 p.m.
En respuesta al anuncio de la manifestación, la primera mandataria dijo que espera que no ocurra ningún incidente violento.
González añadió que no vislumbra activar la Guardia Nacional para aplacar protestas como Trump lo ha hecho en California.
“No voy a adelantar. Yo espero que eso no ocurra en Puerto Rico. Yo creo que nuestra isla es una isla pacífica, que sabe hacer su reclamo en ley y orden, y sin violentar las leyes. Así que yo no voy a prevenir ningún otro ánimo”, dijo la gobernadora este miércoles en un evento en Naguabo. La primera mandataria acababa de anunciar $53.7 millones en fondos CDBG-MIT (Community Development Block Grant – Mitigation) para un proyecto de vivienda resiliente.
A preguntas sobre si le preocupa que el ambiente de tensión provocado por la aplicación de las medidas antimigratorias de Trump en Puerto Rico se traduzca en una movilización masiva como la del “Verano de 2019” que llevaron a la renuncia del entonces gobernador Ricardo Roselló, González respondió: “Espero que no. Yo no voy a renunciar. Así que el que está soñando con eso, va a tener que tomarse una buena pastillita, porque yo fui electa por el pueblo de Puerto Rico contundentemente y tengo un mandato”.
Añadió: “Aquí, las leyes tienen que respetarse y la voluntad del pueblo, también. Si hay alguna persona que esté descontenta con mi función, tiene la próxima elección para votarme en contra”.
Las intervenciones con migrantes en la isla como resultado de la política que impulsa la istración Trump han aumentado y se han expandido hasta afectar a residentes con visas para permanecer en el país.
Por ejemplo, esta semana trascendió el caso de una dominicana víctima de violencia de género a la que agentes arrestaron en Cabo Rojo, municipio al oeste de la isla, luego de que oficiales municipales los alertaran.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, tildó de “atropello infame” el proceder de las autoridades.
Un comunicado de la organización señala que la migrante, identificada como Aracelys Terrero-Mota, acudió el 5 de junio a oficinas del municipio para registrar un pequeño negocio con su permiso de residencia y permisos en regla. La mujer, de 47 años, buscaba abrir un espacio de venta de helados cerca de la playa. El agente de la policía de Cabo Rojo, a pesar de que existía había orden judicial, presuntamente alertó a las autoridades federales para que intervinieran con la fémina.
“Detener a una víctima de violencia doméstica amparada por la ley y arrastrarla a otra jurisdicción viola la Constitución, la Ley federal de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) y los principios más elementales de humanidad. Exigimos su liberación inmediata y garantías de seguridad”, denunció Annette M. Martínez Orabona, directora de la ACLU en Puerto Rico.
La detenida además contaba con “Advance Parole” o permiso adelantado de viaje, que es un documento que le permite a ciertos extranjeros dentro de EE.UU. salir y regresar al país después de viajar temporalmente al extranjero.
La entidad pidió el retorno inmediato de la detenida que fue enviada a una cárcel en Texas.
En una carta a la gobernadora el 9 de junio, la ACLU pidió transparencia, no solo sobre los datos que suministran las agencias locales a las federales en relación con redadas y operativos, sino sobre la colaboración de algunos municipios con oficinas del gobierno de EE.UU.
Este miércoles, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, junto a otros 17 congresistas, enviaron una carta a ICE en la que reclaman información sobre el paradero y estatus de Terrero-Mota.
“En un sistema migratorio justo, las personas con estatus legal válido y procesos pendientes no desaparecen sin dejar rastro”, indicó Hernández Rivera quien encabezó la misiva. “Exigimos transparencia. Exigimos el debido proceso. Exigimos que se respeten los derechos de la señora Terrero y que se revele su paradero”, añadió en un comunicado.
“La señora Terrero-Mota no representa una amenaza. Es una sobreviviente que siguió todos los pasos legales. Nuestras instituciones no pueden revictimizar ni silenciar a quienes más necesitan protección”, puntualizó el comisionado.
La semana pasada, trascendió que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en Puerto Rico suministró al DHS datos de unos 6,000 migrantes que cuentan con licencias de conducir especiales.
DTOP defendió la entrega de datos bajo el argumento de que debían cumplir con una orden judicial emitida por las autoridades federales.
Opositores a la gestión de las autoridades federales en la isla temen que más migrantes sean ubicados y detenidos usando como base las listas provistas.
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